Los desafíos de los partidos en Chile / Giannina Baccelliere

23 Octubre 2019

El gobierno, comunicadores e intelectuales chilenos intentan descifrar lo que acontece por estos días en el país, reflexionando sobre las causas sociales y políticas de la llamada “crisis social” con bastante profundidad y sinceridad. La opinión pública coincide en la participación de distintos actores en la crisis (los vándalos, probablemente bandas de narcotraficantes, y los manifestantes), en la desconexión de la política con el país y últimamente, en la incapacidad del gobierno para procurar seguridad a la población en situaciones de crisis. La desigualdad social chilena se volvió inaceptable en un momento de crisis de representación, de legitimidad de las instituciones, la cual deberá, al parecer, resolverse con más política y menos tecnocracia.

La “crisis social” es un fenómeno que va creciendo y al cual han ido sumándose cada vez más personas. La crisis se inició por los estudiantes secundarios, mediante las evasiones masivas del metro, seguidas por la violencia de grupos bastante organizados, incorporándose durante el día, con sus cacerolazos, estudiantes universitarios y adultos. Aún hoy sigue sumándose más gente, incluso durante el horario del toque de queda.

Intelectuales y panelistas de importantes medios nacionales coinciden en que las demandas son bastantes difusas (pensiones bajas, salud deficiente, alza de tarifas de servicios públicos, desaprobación de las medidas del presidente, desigualdad social, etc.), probablemente porque no proceden de ningún grupo de interés específico. Para el sistema político significa la dificultad de poder dialogar y llegar a un acuerdo con estas fuerzas, que al no estar organizadas no tienen líder ni un programa claro de reivindicaciones. Llama la atención que el Frente Amplio, cuyos líderes provienen de las marchas secundarias, no hayan sido capaces de canalizar las demandas ciudadanas de estos grupos, considerando la similitud de su programa político con algunos de los supuestos reclamos del “pueblo manifestante”.

En realidad, la situación evidencia la versión local de la llamada crisis de representatividad que afecta a la mayoría de las democracias contemporáneas. Los partidos desconectados con la realidad ya no logran articular las demandas de grupos sociales específicos. La crisis de la democracia chilena es también la crisis de los partidos políticos. Asimismo, hay que tener cuidado en determinar indefectiblemente la relación entre las manifestaciones masivas de “la voz de la mayoría” y las demandas que la supuesta mayoría está tratando de expresar. La democracia hace tiempo resolvió que la forma en cómo se expresa la voluntad de la mayoría de los ciudadanos, es a través de las urnas. Como se recordará salió elegido un Presidente de centro-derecha y no Beatriz Sánchez (Frente Amplio) ni Eduardo Artés (Extrema izquierda), un cambio completo en el sistema chileno o un cambio en el Presidente no es reflejo de la voz de la mayoría. Es probable que parte de las personas que se manifiestan hayan votado por algún candidato de izquierda o no hayan sufragado. Carlos Peña indica que claramente estos son grupos de jóvenes universitarios en su mayoría, por lo que se acentúa la brecha generacional entre quienes canalizan el descontento de forma política, y quienes menospreciándola y desconfiando de ella, creen que los medios no son particularmente importantes para lograr los fines. Se ha incrementado la percepción en la sociedad chilena de la legitimidad de la violencia como forma de “hacer política”, fenómeno bastante riesgoso. Otro grupo de manifestantes que no encaja dentro del anterior análisis son aquellos que se reúnen en torno la consigna “no más abusos”. Periodistas, analistas políticos, académicos y “gente de la calle” coinciden en señalar que la gente se cansó de ser abusada.

La dificultad de expresar qué es lo que significa esta situación que afecta una gran variedad de ámbitos de la vida de la gente, podría resumirse en un sentimiento de que el sistema social funciona bien para unos pocos y no de la misma forma para la gran mayoría. Probablemente sea este sentimiento el que logra reunir y ampliar la convocatoria cada vez a mas personas. Evidentemente será todo un desafío traducir este sentimiento en políticas públicas concretas.

Así pues, no se debe desatender que efectivamente la sociedad chilena es una sociedad segregada y con altos niveles de desconfianza social. El camino trazado hasta ahora por Chile ha sido exitoso en términos de reducción de la pobreza y creación de bienestar material para la población. Sin embargo, esto no es suficiente y se instaló la idea de la necesidad de una mejor redistribución y mayor regulación estatal. Constantemente Chile se mide con los países OCDE y no ya tanto con sus vecinos latinoamericanos. Es probable que dicha comparación sea injusta y presionante para Chile. La consigna “no más abusos” apunta a la necesidad de mayor regulación y fiscalización estatal frente a los abusos: altos costos de la vida y sueldos bajos, sentimiento de evasión de los ricos frente a la criminalización de los pobres, altos costos de los medicamentos en comparación a los países vecinos, educación pública precaria y de mala calidad, servicios estatales deficientes y la lista suma y sigue.

El fenómeno chileno podría tratarse de las excesivas expectativas de bienestar que el crecimiento prometió y se demoró en proveer. El desafío para el gobierno consistirá en materializar las excesivas, pero reales demandas de una forma que no “traicione” su electorado. Es probable que el Presidente proponga medidas paliativas y superficiales pero ningún cambio “estructural” al sistema, puesto que no es parte de su sensibilidad política, ni de su programa. Esta solución, sin embargo, es la adecuada puesto que los cambios estructurales al sistema chileno deben ser deliberados en el Congreso y legitimados mediante la elección de algún líder político afín a tales propuestas. Justamente uno de los riesgos que corren las democracias en situaciones de este tipo, consiste en la toma de decisiones sin la requerida deliberación parlamentaria, presionados por manifestaciones sociales que no canalizaron políticamente sus demandas.

Los pasados días también han revelado una progresiva incapacidad del Estado para ejercer su principal función, la que consiste en la protección del orden y seguridad y de la propiedad privada de la población contenida en su territorio. La declaración del estado de excepción constitucional y el consecuente despliegue de tropas militares por las calles de Santiago, demuestra que Carabineros no fue capaz de mantener el orden. Esta decisión provoca descontento, miedo e incomodidad en la población, sin mencionar que trae de vuelta al imaginario colectivo los tiempos en los que los militares salían a la calle para reprimir a la población nacional durante la dictadura. Después de cuatro días de estado de emergencia en la Capital, la ciudadanía se pregunta por qué aún no se logra reestablecer el orden y la seguridad y qué tipo poder y coordinación tienen los grupos subversivos que mantienen al país en estado de emergencia. Al respecto, el constante trabajo del Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) que durante estos días ha estado monitoreando el respeto por los derechos humanos y llamando a denunciar los abusos cometidos por las fuerzas del orden y de seguridad, es una garantía para toda la población. Frente a estos acontecimientos, resulta inverosímil e irresponsable que otras autoridades (el diputado del Frente Amplio, Gabriel Boric y el alcalde comunista, Daniel Jadue) hayan enfrentado a Carabineros, que ejerciendo sus funciones tratan de resguardar el orden, orden que efectivamente fue alterado. Desafían a una autoridad que consideran “ilegítima”, pero al enfrentar a la autoridad legítimamente (constitucionalmente) mandatada para ejercer su función desafían directamente al orden constitucional, las bases de la República, fundada en el respeto de la ley, la que en última instancia está apoyada por la fuerza para que pueda ser efectivamente respetada. Ciertas autoridades olvidan que son líderes y que su actitud sirve de estímulo e inspiración a otros. Desafían en otras palabras, el orden constituido.

Se percibe en la sociedad chilena una creciente actitud desafiante frente a la autoridad (no es este el lugar para profundizar sobre las causas de este fenómeno), exhibida en la persistencia de grandes cantidades de personas que, aunque se manifiestan pacíficamente, siguen cortando las calles de Santiago, impidiendo el normal desplazamiento de la población, lo cual seguramente no contribuye al restablecimiento del orden, además de continuar manifestándose después del horario de toque de queda. Los medios de comunicación masiva y varios políticos avalan la situación, respaldándola en el hecho de ser pacíficas, sin embargo, omiten que la prioridad es el restablecimiento del orden y que existen formas y modos regulados para manifestar las diferencias políticas de forma ordenada. Por otro lado, en vista de la insuficiente cantidad de funcionarios desplegados para el orden público, vecinos y alcaldes piden que se priorice la seguridad de las viviendas de los ciudadanos, la infraestructura pública y las cadenas de abastecimiento, en vez de reprimir las manifestaciones pacíficas, a pesar de estar produciéndose en horarios de toque de queda.

El poder ejecutivo, liderado por la Presidencia de la República, enfrenta un gran desafío y la crisis de legitimidad de las instituciones, entre estas las políticas, no contribuye a su pronta resolución. En la era de la democracia mediatizada, la comunicación política eficaz es fundamental, aspecto bastante deficitario en el presente gobierno. Periodistas y políticos coinciden en la necesidad de justificar las medidas desde un punto de vista más bien político en vez que técnico, toda vez que la ciudadanía necesita entender la situación en palabras más simples y con menos tecnicismos.

Ya en 2012 el politólogo italiano Gianfranco Pasquino, en una visita a los estudiantes de Ciencia Política de la Universidad Diego Portales, comentaba sobre la crisis que afectan a muchas democracias contemporáneas, considerándola una crisis en las democracias, en cada país en particular, y no de la democracia como sistema político, la cual se resuelve, en parte, con ingeniería constitucional y las reformas que se estimen necesarias, poniendo especial énfasis en el establecimiento de las responsabilidades y de control y reemplazo de las malas decisiones políticas. Las crisis de representación y de participación política exige, por un lado, a los políticos la constante rendición de cuentas de sus actos frente a la ciudadanía y, por otro, la necesidad de contar con ciudadanos democráticos, es decir, ciudadanos con competencia política, que participen, crean que la democracia es un valor y un sistema para defender y que organizados son capaces de producir cambios y contribuir a la calidad de la política.